Exhortan a investigar a Ruffo y Elorduy
Con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones se solicitará a la PGR indague a ex gobernadores
Mexicali, B. C. - El Pleno del Poder Legislativo de Baja California, aprobó por mayoría, un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), inicie una investigación por presuntos nexos con el crimen organizado y actividades ilícitas en contra de los ex gobernadores Ernesto Ruffo y Eugenio Elorduy, relacionados durante el período de sus gestiones, a fin de atender el reclamo de justicia de la sociedad bajacaliforniana.
El punto de acuerdo fue presentado en tribuna por el diputado Carlos Murguía Mejía a nombre del grupo parlamentario del PRI, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo, donde señaló que “Los presuntos nexos con el crimen organizado y actividades ilícitas durante las gestiones de los ex gobernadores Ernesto Ruffo y Eugenio Elorduy son una afrenta contra los bajacalifornianos que exigen verdad y justicia. La protección que dieron a integrantes del narcotráfico ofende a la memoria de aquellas mujeres y hombres cuyo destino fue perder a sus seres queridos y que eran inocentes”.
De acuerdo a lo expuesto por el legislador perteneciente a la bancada priista del Congreso, en distintas versiones periodísticas de acreditados medios de comunicación en la localidad y a nivel nacional, así como en el conocimiento popular ha generado una lista de acontecimientos donde se presume actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y asociación con el crimen organizado, tales como: “el financiamiento del Cártel de los Arellano Félix por 500 mil dólares para la entonces candidatura a la gubernatura de Ernesto Ruffo, actual precandidato del PAN al Senado de la República, y que para muchos bajacalifornianos no es desconocido el tema”.
“También entre los bajacalifornianos es bien sabido que Ruffo obtuvo grandes ganancias producto de negocios ilícitos como el de 500 mil dólares que exigió a Susumo Azano por el contrato por la producción de placas para vehículos; la producción de dos millones de credenciales estatales a un costo de 14 dólares cada una cuando el IFE erogó sólo 7 pesos por cada credencial; el cobro ilegal del seis por ciento de comisión, unos 18 millones de dólares por los 300 millones del crédito japonés; la escrituración y venta de los predios de la Segunda Etapa del Río Tijuana; la entrega de credenciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado a miembros del crimen organizado; el encubrimiento hacia su hermano Claudio, cuando disparó un arma de fuego e intentó el homicidio de un conocido empresario de la radio”, indicó.
Caso Elorduy
Murguía Mejía agregó que para el ex gobernador Eugenio Elorduy, los casos también son concretos, y “la sociedad bajacaliforniana ha exigido una investigación para que enfrente la justicia derivado de las irregularidades en la construcción del Bulevar 2000, desde el momento en que se dio a conocer que su construcción encubrió la introducción de un ducto de gas de la trasnacional Sempra Energy, y donde se ha comprobado que existe la asociación del político con la trasnacional usando el nombre de su hija Erika Elorduy”.
“Y no se diga además como parte de este último caso, la protección a Sempra Energy cuando Elorduy aprovechándose de manera ilegal del Registro Público de la Propiedad, hace “legal” la venta de un predio de 100 hectáreas de una persona que falleció 18 meses antes de que se llevara a cabo la compra-venta. Seguramente los casos son más y no han salido a la luz pública, lo anterior sólo es una muestra del grado de corrupción y asociación con el crimen organizado de los ex gobernadores del PAN”, aseguró.
El diputado Carlos Murguía agregó que derivado de las “incongruentes” declaraciones del Presidente Nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, y la precandidata presidencial de su partido, Josefina Vázquez Mota, al justificar el uso faccioso de la justicia en la investigación de ex gobernadores priistas con fines meramente electorales, es que los legisladores integrantes de las fracciones antes mencionadas, aseguran que necesario se haga justicia.
El Pleno del Poder Legislativo aprobó el exhorto presentado con dispensa de trámite con 16 votos a favor, cuatro en contra (por parte de la bancada panista) y dos abstenciones (de parte de los diputados del Partido Nueva Alianza).
El punto de acuerdo fue presentado en tribuna por el diputado Carlos Murguía Mejía a nombre del grupo parlamentario del PRI, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo, donde señaló que “Los presuntos nexos con el crimen organizado y actividades ilícitas durante las gestiones de los ex gobernadores Ernesto Ruffo y Eugenio Elorduy son una afrenta contra los bajacalifornianos que exigen verdad y justicia. La protección que dieron a integrantes del narcotráfico ofende a la memoria de aquellas mujeres y hombres cuyo destino fue perder a sus seres queridos y que eran inocentes”.
De acuerdo a lo expuesto por el legislador perteneciente a la bancada priista del Congreso, en distintas versiones periodísticas de acreditados medios de comunicación en la localidad y a nivel nacional, así como en el conocimiento popular ha generado una lista de acontecimientos donde se presume actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y asociación con el crimen organizado, tales como: “el financiamiento del Cártel de los Arellano Félix por 500 mil dólares para la entonces candidatura a la gubernatura de Ernesto Ruffo, actual precandidato del PAN al Senado de la República, y que para muchos bajacalifornianos no es desconocido el tema”.
“También entre los bajacalifornianos es bien sabido que Ruffo obtuvo grandes ganancias producto de negocios ilícitos como el de 500 mil dólares que exigió a Susumo Azano por el contrato por la producción de placas para vehículos; la producción de dos millones de credenciales estatales a un costo de 14 dólares cada una cuando el IFE erogó sólo 7 pesos por cada credencial; el cobro ilegal del seis por ciento de comisión, unos 18 millones de dólares por los 300 millones del crédito japonés; la escrituración y venta de los predios de la Segunda Etapa del Río Tijuana; la entrega de credenciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado a miembros del crimen organizado; el encubrimiento hacia su hermano Claudio, cuando disparó un arma de fuego e intentó el homicidio de un conocido empresario de la radio”, indicó.
Caso Elorduy
Murguía Mejía agregó que para el ex gobernador Eugenio Elorduy, los casos también son concretos, y “la sociedad bajacaliforniana ha exigido una investigación para que enfrente la justicia derivado de las irregularidades en la construcción del Bulevar 2000, desde el momento en que se dio a conocer que su construcción encubrió la introducción de un ducto de gas de la trasnacional Sempra Energy, y donde se ha comprobado que existe la asociación del político con la trasnacional usando el nombre de su hija Erika Elorduy”.
“Y no se diga además como parte de este último caso, la protección a Sempra Energy cuando Elorduy aprovechándose de manera ilegal del Registro Público de la Propiedad, hace “legal” la venta de un predio de 100 hectáreas de una persona que falleció 18 meses antes de que se llevara a cabo la compra-venta. Seguramente los casos son más y no han salido a la luz pública, lo anterior sólo es una muestra del grado de corrupción y asociación con el crimen organizado de los ex gobernadores del PAN”, aseguró.
El diputado Carlos Murguía agregó que derivado de las “incongruentes” declaraciones del Presidente Nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, y la precandidata presidencial de su partido, Josefina Vázquez Mota, al justificar el uso faccioso de la justicia en la investigación de ex gobernadores priistas con fines meramente electorales, es que los legisladores integrantes de las fracciones antes mencionadas, aseguran que necesario se haga justicia.
El Pleno del Poder Legislativo aprobó el exhorto presentado con dispensa de trámite con 16 votos a favor, cuatro en contra (por parte de la bancada panista) y dos abstenciones (de parte de los diputados del Partido Nueva Alianza).
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